Cómo un baldado de agua fría recibimos todos el polémico fallo de la JEP que amnistió a la Mata Hari de las FARC y que además declaró como un acto proporcional el atentado perpetrado por esta guerrilla a la Escuela Superior de Guerra en 2006. No es algo que no nos imagináramos que podría pasar en un tribunal hecho a la medida de las FARC y el cual de manera respetuosa, hemos criticado por su politización y marcada decisión de no cumplir con su mandato de verdad, justicia, reparación y no repetición. Este fallo además conlleva una tergiversación fáctica, un profundo desacierto jurídico en la interpretación normativa y un nuevo tipo de “violencia judicial” que no hace más que revictimizar a quienes sufrieron la crudeza del narcoterrorismo.

Si a lo anterior le sumamos que es ésta misma Justicia Especial la que ha cambiado los vocablos que describían los crímenes de las FARC, no solo diluye la garantía de justicia sino que muestra una intención inequívoca de reescribir la historia. Esto no puede ser. Esto no debe ser. Los secuestros fueron secuestros, no retenciones; los atentados no pueden ser vistos como ataques legítimos. La memoria y la historia no pueden escribirse con medias tintas ni con con ambigüedades groseras. Los hechos fueron los que fueron, los que todos conocemos, los que todos vimos y sufrimos. Las víctimas son las principales afectadas con estos cambios en el lenguaje, pero también es una ofensa a la sociedad, pues no puede ser que en el marco de la paz le lavemos la cara y limpiemos la sangre de las manos de los que cometieron actos de terror y barbarie. Los colombianos no podemos permitir que una historia de crueldad y crímenes sea romantizada. Las nuevas generaciones deben tener claridad sobre las constantes violaciones, vejámenes y masacres que protagonizaron las FARC, un grupo que hoy busca posar como adalid moral de la sociedad, ante un país que por décadas ha repudiado sus crímenes.

Quienes me conocen y han seguido de cerca mi trabajo desde la curul con la cual me honraron mis electores, saben que tiendo por mantener una posición conciliadora con todos los sectores. Sin embargo, el desconocimiento de la verdad y las afrentas abiertas contra las víctimas no admiten actitudes conciliadoras, sino un rechazo enfático. La JEP, así no me guste es una realidad, y su reforma no se que tan facil sea, pero los mismos magistrados de esa justicia con sus fallos, se están encargado de deslegitimarla. Lo cierto es que la JEP deja mucho que desear, o más bien, con estos fallos nos dan la razón a quienes las criticamos desde el principio. A quienes advertimos que estaba politizada, ideologizada y por que no decirlo; iba a producir fallos amañados. Y va uno a ver, y ve.

Debemos Pararle-Bolas a los procesos adelantados dentro del marco de la Justicia Especial para la Paz. No puede ser que continuemos siendo sometidos al gobierno de los jueces. Los magistrados en el mundo gozan de una confianza propia del ejercicio del pretor que en Colombia se ha perdido por la excesiva politización de nuestra rama judicial. Recordemos el principio general de la jurisdicción, “dame los hechos y te daré el derecho”, en ningún caso debe ser reemplazado por un “dime el derecho que quieres, yo acomodaré lo hechos para dártelo”.

Con decisiones como estas, el país sigue perdiendo confianza en el sistema judicial y se afecta la construcción de consensos hacia una auténtica paz con legalidad y verdad.

Prórroga:
Ahora resulta que las FARC no reconocen responsabilidad sobre lo sucedido con los Diputados del Valle. Háganme el favor. ¿Que nos van a decir ahora? No sean cínicos y descarados.