Siempre he sido un fiel creyente de la importancia de las libertades individuales. Aun sin compartir muchas decisiones que pueda una persona tomar, sin vacilar he defendido el derecho de cada quien de poder actuar y pensar libremente.

No obstante, todo el ejercicio de derechos obliga también a cumplir con unos deberes. Si no, cómo vamos a mantener el orden social y la convivencia. Las libertades, los derechos, las prerrogativas, siempre deberían ir limitadas y circunscritas a no transgredir los derechos de otras personas. Mis derechos llegan hasta donde inician los de los demás. Esa es una regla de oro en democracia.

Aturde, sorprende, confunde y preocupa la forma en que el desarrollo jurisprudencial ha repercutido en una inversión de los principios y las sanas costumbres. El derecho en un país debe ser el reflejo de los valores que lo representan, pero no es así en Colombia. En un afán de garantizar ciertas prebendas, las Cortes en nuestro país se han equivocado en su ponderación de principios y derechos.

Vemos con asombro cómo las Cortes protegen criminales, mientras juzgan a nuestro héroes; declaran inconstitucionales normas que previenen el microtráfico, normalizando así el consumo de estupefacientes al tiempo que se habla de libre desarrollo de la personalidad. La libertad de expresión se ha convertido en la libertad de deshonrrar al contrario.

Hace pocos años evidenciamos cómo la Corte Constitucional indicaba que no era justa causa para terminar un contrato de trabajo que un colaborador llegase drogado a trabajar. Tan solo esta semana vimos cómo la misma Corte permitía con su fallo el consumo de dósis mínima y alcohol en los parques públicos. También hace poco la Corte decidió declarar que encontrar a dos niños teniendo sexo en el colegio no debe ser causa suficiente para poder excluirlos del plantel educativo. Hace unos meses, Colombia reclamaba indignada, y con razón, porqué se multaba a alguien que comía una empanada en la calle. Ahora vemos a unos togados avalar el consumo de marihuana, cocaína y alcohol en los espacios públicos. ¡Hágame el bendito favor! Estos señores nos están dejando todo patas arriba.

¿Son acaso más importantes los derechos de los consumidores de drogas y de alcohol, que los de nuestros niños y los de la familia? ¿Es más importante que se pueda consumir drogas que las estrategias para combatir el tráfico de estupefacientes? ¿Prima el derecho al desarrollo de la sexualidad que el derecho de un Colegio a reservarse la potestad de sancionar a quienes no cumplan con su manual de convivencia? Como estos, son muchos los ejemplos de fallos que a mi juicio desestiman los derechos colectivos al intentar desarrollar los derechos individuales. ¡Que anarquía! Se invirtieron los valores y las buenas costumbres. Nos están generando una crisis en nuestras familias y poniendo en riesgo a nuestra niñez y a la juventud. En fin, están destruyendo el orden social.

Tenemos que Pararle-Bolas a la escala de valores en la que se mueve nuestro país. Debemos pararnos firme en la defensa de los principios, de las buenas costumbres, de los niños, de los jóvenes y de la familia. Si no, apague y vámonos. Los jueces, deben garantizar la aplicación y la garantía de derechos, pero también tienen la obligación de ser los garantes y protectores del orden social.

El romanticismo de los jueces, no es el mejor consejero ante la realidad sociológica y moral de nuestro país. Las drogas no elevan el espíritu ni edifican al ser humano, al contrario, lo destruyen, esclavizan y degradan a la peor condición. Basta ver las ollas que aun existen en las grandes ciudades y que las autoridades con denuedo intentan erradicar.

Colombia debe ser un país de libertades, pero jamás de libertinaje o esto se nos puede volver en tierra de nadie, en un estado de naturaleza de todos contra todos, en una sociedad donde se inviertan todos los valores y todo sea relativo, en donde finalmente prime el instinto individual sobre el interés colectivo, como en la historia bíblica de Sodoma y Gomorra.

PRÓRROGA:

Duele que el Arzobispo de Cali este de acuerdo con que se consuma alcohol y droga en los parques. La Iglesia siempre ha sido nuestro pilar moral y una abanderada de la protección de la familia y los derechos de los niños. No podemos flaquear ante semejante crisis de valores por la que atraviesa nuestra sociedad. Afortunadamente la Conferencia Episcopal rechazó el fallo.