El 28 de enero del 2020, la JEP, en una decisión que deja aun muchas dudas, imputó a 8 miembros del secretariado de las FARC por “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”.  No nos llamemos a engaños o eufemismos, lo que hicieron no son retenciones o toma de rehenes como lo ha denominado el tan cuestionado tribunal. Llamémoslo por su nombre por favor, SECUESTRO. En este documento se afirma que este delito atroz no puede ser justificado como una acción política y por tanto configura un crimen de guerra y de lesa humanidad.

La ley estatutaria 1957 de 2019 (regulación de la JEP), prohibe de manera expresa que los crimenes de guerra y delitos de lesa humanidad sean amnistiados o tengan cualquier tipo de indulto. Dicho esto, si la misma JEP ya determinó que el SECUESTRO; utilizando el término preciso, es parte de estos delitos inamnistiables ¿Por qué sigue en este tribunal y no pasa a la justicia ordinaria? La misma pregunta nace frente a la confesión de otro crimen de lesa humanidad, como el magnicidio de Alvaro Gómez Hurtado. ¿Estamos frente a un nuevo engaño del proceso de paz?

Se estima según distintas fuentes que las FARC secuestró entre 9.500 y 12.000 seres humanos, donde sufrieron torturas, humillaciones y las más despeciables practicas. De este horrible crimen no solo fueron victimas quienes lo vivieron en carne propia, sino sus familias, muchas de ellas no volvieron a ver a sus seres queridos, muchas otras sufrieron la extorción mientras cargaban la cruz de tener un familiar en manos de la temible guerrila.

¿Les parece justo que los autores de este terrible crimen esten en el congreso? No, definitivamente no. Es hora de exigir la renuncia al congreso de los responsables de delitos de lesa humanidad. Es impresentable para nuestra constitución y democracia que miles de colombianos tengan que ver a Julian Gallo (Carlos Alberto Lozada, Tornillo) o a Pablo Catatumbo, secuestradores confesos, sentados en la casa de la democracia posando de estandartes morales, mientras en sus hombros cargan los ataudes de miles de ciudadanos.

Aprovecho para preguntar ¿Por qué no imputaron la totalidad del secretariado? ¿Por qué 4 años para tomar una decisión sobre este crimen altamente conocido por los colombianos? ¿Por qué excluyeron la mayor parte de los parlamentarios de este grupo? ¿Buscan lavarles la cara? Sin duda un importante sector del país ha buscado con su retorica discursiva minimizar los delitos de la guerrilla terrorista de las FARC, mientras a su vez crean falsos relatos que enarbolen estos bandidos como unos herores de la patria. La historia de Colombia esta en riesgo, y es deber de todos los ciudadanos evitar que nos la reescriban.

Es momento que sin importar cual fue su posición o voto frente al acuerdo de paz; como colombiano, como ciudadano responsable, prendamos las alarmas y unamos las voces para exigir que los criminales de lesa humanidad no pertenezcan al congreso de la república. Exijamos que aquellos perpretadores de crimenes de lesa humanidad, sean castigados con todo el peso de la ley tal y como lo exige la legislación colombiana y las leyes internacionales.

Pareémosle-Bolas y no permitamos que nuestro país tenga que tragarse otro sapo que siga imponiendo el mal ejemplo de la impunidad.