Los falsos testigos, las chuzadas por error, el cartel de la toga, los narcoterrositas profugos, los que se robaron la salud libres y los fallos sin sustento jurídico son una amenaza real al estado de derecho y a la credibilidad institucional. A eso sumémosle la reciente decisión de llamar a indagatoria al Presidente Uribe a causa del circo montado por el cartel de falsos testigos. Todo lo anterior nos llevan a pensar que el país ha tocado fondo en términos de justicia.

La justicia es un valor supremo en una democracia constitucional, y su garantía es un imperativo para toda sociedad que pretenda avanzar por caminos de equidad y de paz. La justicia se erige en pilares tales cómo la solidaridad, el orden e imperio de la ley, y el respeto por los valores y metas que se traza un pueblo.

Administrar justicia, por otro lado, es una responsabilidad que todos hemos acordado dejar en cabeza del Estado, y éste, delega su poder en magistrados y jueces pues se supone son los encargados de interpretar el espíritu de la ley dada su idoneidad. Pero cuando los despachos judiciales y los tribunales colegiados son víctimas de la politización toda legitimidad se pierde.

La excesiva politización de nuestra rama judicial ha desencadenado en exabruptos jurídicos. Desconocer las pruebas de los computadores de Reyes, perseguir inocentes y no garantizarles una segunda instancia judicial, “chuzar por error” al Presidente Uribe y llamarlo a indagatoria a raíz de falsos testigos, y claro está, apoyar las artimañas para que Santrich se escapara son tan solo un claro ejemplo de una real pero inconcebible ruptura de la pareja derecho-justicia. Si a estos sonados casos les sumamos que la Rama Judicial también ha sido permeada por la corrupción, evidenciamos que una reforma a la rama es una necesidad.

La justicia no es un valor de izquierda ni de derecha, la justicia es un valor libertario. En otros países y tradiciones legales, los magistrados y jueces son vistos con respeto dada su dignidad, acá desconfiamos de ellos y sus fallos, pues muchas veces responden a intereses políticos, coimas y dejan a un lado al derecho. Otros llegan a esos puestos como corbatas, y no están en capacidad siquiera de efectuar ni prever el impacto económico de sus sentencias. No podemos permitir que la justicia se desangre en manos de magistrados corruptos o poco probos.

Debemos Párale-Bolas a la justicia como institución. Su estado agonizante es el resultado de años de cooptación de grupos políticos y de corruptos de nuestros altos tribunales. El derecho, dejó de ser interpretado conforme las sanas costumbres para ser reformado a través de fallos ilegítimos y politizados, dejando a Colombia ceñida a criterios judiciales que desconocen el sentir y deseo de su pueblo. La reforma judicial no solo es necesaria para modernizar a la Rama, sino que se traduce en el único mecanismo en capacidad de devolverle al país el orden e imperio de la Ley.