En los últimos días observado el auge de un discurso irresponsable que busca minimizar los datos de crecimiento económico que ha tenido el país durante el gobierno de Iván Duque. A hoy, este crecimiento rompe con la tendencia de desaceleración que sufre nuestra región, lo que le permite a Colombia proyectar, no sólo un crecimiento económico, sino también un crecimiento social.

Hoy podemos decir que parte de los buenos resultados de nuestro país en materia económica se derivan de la ley de financiamiento que fue aprobada en 2018, con el apoyo de las mayorías del Congreso. Sin embargo, en una decisión desafortunada para el país, la Corte tumbó esa norma, dejando en riesgo la estabilidad económica, y más importante aún, la estabilidad fiscal del gobierno para ejecutar los programas sociales que la ciudadanía demanda.

Contrario al discurso populista que de manera irresponsable ha enarbolado la oposición al gobierno Duque, donde se habla de una reforma qué busca enriquecer más a las clases altas mientras empobrece a las clases más vulnerables, la ley de crecimiento económico que se discutirá esta semana en el Congreso tiene un componente altamente social y garantiza los recursos para los programas de educación, salud, agricultura, ambiente, vivienda y otros sectores que impulsan el desarrollo social de la nación.

La ley de crecimiento económico garantiza herramientas que permitirán aumentar el recaudo en nuestro país, atacando de frente la evasión que tantos problemas genera. La ley de financiamiento de 2018 demostró que es posible. En 2019 nuestro país recaudó un 11% más en impuestos hasta el mes de octubre. La meta es un aumento del 12%. Adicionalmente, se regularizaron 15.000 millones de pesos provenientes de rentas en el exterior. Estos recursos serán destinados a la ejecución de programas sociales orientados a la equidad.

Además de atacar la evasión, la ley de crecimiento económico incluye la devolución del IVA a los deciles más vulnerables de nuestro país, beneficiando a 2.8 millones de hogares colombianos, una medida que impactará directamente en la disminución de la desigualdad en Colombia.

Como si esto fuera poco para mostrar el impacto social de la ley de crecimiento económico, queda claro que esta norma dispone un cambio progresivo en el recaudo de impuestos en Colombia. La ley aumenta las tasas tributarias para todos los colombianos que tengan ingresos superiores a los 11.7 millones de pesos; el Estado devuelve hasta el 120% del costo laboral de nuevos empleados que tengan entre 18 y 28 años, combatiendo el desempleo juvenil; reduce la tasa de aportes de nuestra población pensionada al sistema de salud y pensiones, entre otras medidas.

Nuestro país enfrentará esta semana una discusión donde debe primar la responsabilidad sobre el populismo. La realidad es que de la aprobación de la ley de crecimiento económico se desprende la posibilidad real de que nuestro gobierno cuente con las herramientas y los recursos para ejecutar el plan social y cumplir con los requerimientos de la sociedad colombiana. Hoy los legisladores del país tenemos en nuestras manos la responsabilidad de otorgarle al gobierno los recursos para cumplir con el programa de gobierno que Colombia escogió y el cual prioriza la generación de equidad.

Parémosle-Bolas al discurso populista que hoy busca torpedear la ejecución de un programa social realista y viable por parte del gobierno. Es hora de la grandeza y del liderazgo constructivo. No hay espacio para mezquindades ni utopías.

Prórroga:

Sería importante preguntarles a algunos parlamentarios que en el 2018 aprobaron el mismo articulado que hoy presenta el gobierno y hoy amenazan con rechazarlo, ¿cuáles son las razones para hacerlo?