Los días pasan y los responsables de los daños, la violencia y el vandalismo qué condeno a Cali a un secuestro masivo por más de 45 días, siguen impunes y sin responder de ninguna manera por el gran daño que sufrió la ciudad.

A veces perdemos la memoria y olvidamos fácilmente los daños y ataques que se dieron en nuestra ciudad, hagamos un recuento numérico de los eventos violentos que destrozaron nuestra ya precaria infraestructura, 241 establecimientos comerciales atacados (la gran mayoría de ellos microempresarios), 53 oficinas bancarias destruidas, 88 estaciones de gasolina que sufrieron ataques y no pudieron operar. Estos ejemplos corresponden a agresiones al sector privado.

Ahora revisemos el panorama de acometidas a la infraestructura pública 59 buses del MIO incinerados, 61 estaciones del MIO con daños qué ascienden a más de $55.000 millones, 86 semáforos completamente destruidos cuyo remplazo costará aproximadamente $ 7.000 millones de pesos. Sin contar la destrucción de la estatua de Sebastian de Belalcázar, por $ 500 millones de pesos a pesar de contar con cotizaciones de reparación por $ 20 Millones.

Dentro de la responsabilidad constitucional de los mandatorios esta la obligación de velar por la protección del patrimonio público y los recursos de los ciudadanos, esta obligación no ha sido cumplida por el alcalde de Cali, quien no sólo no condenó los ataques sufridos por la infraestructura pública y privada, sino qué después de varias semanas no ha hecho el menor esfuerzo por iniciar acciónes para generar la reparación económica contra los responsables de el daño patrimonial qué sufrió la ciudad.

La omisión de Jorge Iván Ospina debe ser revisada, para entender sí esta inacción puede conducir a una sanción jurídica o disciplinaria sobre el mandatariop qué de manera temeraria decidió darle la espalda a 2.4 millones de colombianos.

Cómo ciudadanos son importantes qué pidamos a las autoridades la investigación y captura de aquellos que protagonizaron la destrucción de la infraestructura y así evitar qué la impunidad vuelva a reinar en Colombia, dejando un mensaje nefasto para nuestra sociedad donde se valida la violencia y la amenaza como una forma de protesta, mientras se afecta a los trabajadores qué día a día aportan su granito de arena a la construcción del país.

Cómo nación debemos rechazar a aquellos mandatarios qué permiten la destrucción qué se ha construido con el pago de nuestros impuestos, mientras desde sus oficinas satanizan la institucionalidad y la democracia qué les permitió llegar al poder.

Pareémosle-Bolas y exijamos qué los violentos tengan consecuencias por su accionar, al igual qué aquellos funcionarios públicos qué abandonen la ciudadanía ante la anarquía y la violencia criminal.